Proceso de Paz y Guerra contra las Drogas en Colombia: Sostenibilidad y Alternativas

Lista de siglas y acrónimos

ACNUDH Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos

CIA Central Intelligence Agency ‘Agencia Central de Inteligencia’

DEVIDA Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

ELN Ejército de Liberación Nacional

ETA estimulantes de tipo anfetamínico

FARC-EP Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo

FELCN Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico

FIP Fundación Ideas para la Paz

HCL clorhidrato de cocaína —cocaína en polvo—

INCB International Narcotics Control Board ‘Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes’ (JIFE)

INCSR International Narcotics Control Strategy Report ‘Reporte de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos’

INDEPAZ Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz

INL Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs ‘Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley’, U.S. Dept. of State

LSD dietilamida de ácido lisérgico

NAS Law Enforcement and Narcotics Affairs Section ‘Sección de Asuntos de Aplicación de la Ley y Narcóticos’

NSP nuevas sustancias psicoactivas

OMS Organización Mundial de Salud

ONU Organización de Naciones Unidas

PACS Programa de Apoyo a la Conservación Sostenible de la Biodiversidad

PBC pasta base de cocaína

PIB producto interno bruto

PNIS Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos

PWID people who inject drugs ‘personas que se inyectan drogas’

SIMCI Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos

UDESTRO Unidad de Desarrollo Económico Social del Trópico de Cochabamba

UDESY Unidad de Desarrollo Económico y Social de los Yungas de La Paz

UMOPAR Unidad Móvil de Patrullaje Rural

UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS ‘Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA’

UNGASS United Nations General Assembly Special Session ‘Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas’

UNODC United Nations Office on Drugs and Crime ‘Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito’

UNODCCP United Nations Office on Drug Control and Crime Prevention ‘Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Delito’

Introducción

“Un año catastróphico”, así llama la institución católica benéfica alemana, Adveniat, el 2020 para los derechos humanos en Colombia.1 Colombia está considerada el país más peligroso para defensores de los derechos humanos y activistas del medio ambiente. Los homicidios a líderes sociales alcanzaron una magnitud chocante.2 Hasta el 16 de diciembre de 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) había registrado 66 masácres; el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) publica la cífra de 93 con 381 víctimas para 2020.3 Según informes de INDEPAZ también han sido asesinados 64 excombatientes de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo), quienes, aun habiendo entregado las armas en el marco de los acuerdos de paz concertados con el Gobierno colombiano, fueron asesinados4. El número total de víctimas aumenta si se revisan los registros de años atrás; en el año 2019, por ejemplo, fueron asesinados en Colombia 64 defensores del medioambiente, tantos como en ningún otro país. Esta cantidad representa un incremento del 150 % en relación con el año anterior, y en la mayoría de los casos se trata de indígenas (Global Witness, 2020).

El recién fallecido Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo5, ya en agosto del último año aseguró, que detrás de estos hechos se encuentra la mafia de la droga. En consecuencia, debería retomarse la aspersión aérea con glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos, en la medida en que los cultivos ilegales y el narcotráfico son considerados los principales enemigos de la paz en Colombia (Redacción Digital, 2020).

La lucha contra el narcotráfico y el cultivo de la coca6 tiene un papel importante en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera de 2016, expresado en el punto 4 “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas” así:

Para contribuir al propósito de sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera es necesario, entre otros, encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas. (Acuerdo Final, 2016, p. 98)

Adicionalmente, las partes consensuaron sobre la necesidad de introducir: “1. Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades —hombres y mujeres— en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental en las áreas afectadas por dichos cultivos” (Acuerdo de Paz).

Con base en este contexto, el presente documento de trabajo desea aportar un panorama global sobre el desarrollo y control del comercio internacional de las drogas ilícitas, enfocándose en las experiencias en torno a la lucha contra la siembra de materia prima en países andinos, particularmente en Colombia, así como también en sus repercusiones en la economía, la sociedad y el proceso de paz, y así, finalmente, llegar a una serie de recomendaciones.

El control internacional de las drogas: estado del arte y nuevos retos

La UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) estima en 269 millones el número total de consumidores de sustancias controladas en todo el mundo. En 35.6 millones de casos se trata de un “consumo problemático”. Solamente uno de cada siete de estos casos puede encontrar un lugar de terapia adecuado (UNODC, 2020a). En 2017, fallecieron por esta causa alrededor de 585 000 personas en relación con las aproximadamente 200 000 en hace menos de una década. La mayoría de las complicaciones de salud y de víctimas fatales están relacionadas con el consumo de heroína y de otros opioides, a causa de sobredosis, y también debido a los efectos nocivos para la salud que a largo plazo produce el alto nivel de adicción, o a las infecciones por VIH o VHC, virus que provocan el sida y la hepatitis C, respectivamente (UNODC, 2019b). Las personas que se inyectan drogas (people who inject drugs —PWID—) corren el riesgo de infección por VIH, que es 23 veces más alto que el del promedio de la población, y más del 80 % de las PWID tienen o han tenido infección por VHC (UNODC, 2019). Según estimaciones de la ONU, hay 11.3 millones de PWID, de las cuales 5.6 millones están infectadas con hepatitis y 1.4 millones han dado positivo en VIH. De las 585 000 personas fallecidas por el consumo de drogas en 2017, la mitad había desarrollado hepatitis C, enfermedad que, al no ser tratada médicamente, provoca cirrosis o cáncer de hígado (UNODC, 2019b).

Por el contrario, los problemas de salud relacionados con el consumo de cocaína son mucho menos. El número de consumidores de cocaína (según la prevalencia anual) a nivel mundial se estima en 19 millones —en relación con el cannabis (192 mills.), los opioides (58 mills.), las anfetaminas y los estimulantes de prescripción obligatoria (27 mills.), el éxtasis (21 mills.)— (UNODC, 2020b). Con respecto a la cocaína, se trata en gran medida de consumo libre ocasional. Así, por ejemplo, en Australia se contabiliza que solo el 3 % de sus consumidores la usan una vez por semana o con mayor frecuencia (UNODC, 2020b). Sin embargo, el tráfico de cocaína representa una importante fuente de financiamiento para las organizaciones criminales e insurgencias armadas. Según la UNDOC (2011), el volumen global de lavado de dinero está entre 1.2 y 1.6 billones (1000 mil millones) de dólares estadounidenses, de los cuales cerca de 350 000 millones se ubican en el mercado global de las drogas, y de estos, 85 000 millones proceden de la cocaína. Cabe señalar que probablemente menos del 1 % del capital lavado es descubierta y confiscada. Estas cifras evidencian no solamente la dimensión del problema, sino también que se ha descuidado su atención. El tráfico ilícito de drogas representa la columna vertebral del crimen organizado internacional. Y el tráfico de la cocaína desempeña un papel fundamental, ya que está mucho mejor organizado y centralizado que las otras ramas (Lessmann, 2017).

Los estudios de la UNODC sobre lavado de dinero estiman las utilidades de las organizaciones colombianas, producto de la cocaína, en 9.4 mil millones de dólares estadounidenses (en el año 2009). Esto representó aproximadamente el 11 % de las utilidades globales de la cocaína, lo que equivalía al 3 % del producto interno bruto (PIB) colombiano (UNODC, 2011). Desde entonces estas utilidades deben haberse incrementado ligeramente. Es claro que ahora se está produciendo mucha más cocaína. Sin embargo, al mismo tiempo ha aumentado el promedio del grado de pureza de los productos en las ventas al consumidor y los precios han caído, es decir que hay menor ganancia por unidad7.

“La economía se ensucia”, con esta expresión economistas colombianos describieron hace ya dos décadas el proceso de una corrupción y degeneración social, no solamente a través del soborno, sino mediante la penetración de larga data del capital “negro” en la economía legal, proveniente de los negocios ilegales (Arrieta, 1990; Dietz et ál., 2001). Hasta ahora, el régimen internacional de control de drogas se ha centrado —de manera unilateral y sin éxito— en impedir el consumo, la producción y el procesamiento de drogas, fundamentándose en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes8. Pero ¿nos hemos acercado a su objetivo general, consistente en erradicar o al menos en frenar el uso no medicado de sustancias controladas durante los últimos cincuenta años? Los defensores del statu quo de la política de drogas se refieren a los denominados “no eventos” en el terreno: argumentan que, sin una represión estricta, todo habría empeorado. La realidad es que el número de consumidores de droga se eleva. Como ya se mencionó, a nivel mundial se estima hoy en 269 millones de personas. Aun teniendo en cuenta el crecimiento poblacional, esta cantidad es muy superior a la reportada ad portas del nuevo milenio (141 millones de consumidores en 1999); casi se ha duplicado. Por consiguiente, los retos también han aumentado; mientras que, en el tiempo del primer tratado de fiscalización internacional sobre drogas, la Convención de La Haya de 1912, eran siete “sustancias controladas”, en su centésimo cumpleaños (2012) ya eran 234 —de todas formas 2.75 veces más que en 1961 al cierre de la Convención Única— (UNODC, 2013a)9.

Los mercados internacionales de drogas y la gama de sus productos se han tornado mucho más complejos e imprevisibles durante la última década, y, por ende, también los problemas relacionados con las drogas, por ejemplo, la variedad de nuevas sustancias producidas en laboratorios: nuevas sustancias psicoactivas (NSP), estimulantes de tipo anfetamínico (ETA), euforizantes legales, las cuales llegan al mercado en altas cantidades y a través de nuevas dinámicas. Frente a esta situación el régimen internacional de control de drogas, con sus listados de “sustancias controladas”, llega a sus límites, teniendo en cuenta que estos no se pueden adaptar con la rapidez requerida (UNODC, 2019). Estas nuevas sustancias suelen ser más fáciles de producir y más difíciles de controlar. Generalmente las transacciones internacionales o transcontinentales no son necesarias y, por lo tanto, las posibilidades del Ejecutivo para detectarlas son menores. Aunque se esperaba que las nuevas sustancias desplazaran las sustancias clásicas de origen vegetal, no ha ocurrido así; hoy en día representan mucho más una ampliación y complementación de la oferta.

Actualmente, con la denominada “crisis de opioides”, se presentan de nuevo problemas agravados relacionados con el consumo de sustancias con prescripción obligatoria, debido a su producción ilegal o a la desviación de sus cadenas de mercadeo legales y controladas. Se estima que en los Estados Unidos hay 10.5 millones de personas que utilizan opioides farmacéuticos de forma no medicada (UNODC, 2019/3). En el año 2017, fallecieron en este país 70 237 personas por sobredosis de opioides, lo que representa un incremento del 10 % en relación con el año anterior. En Canadá se contabilizaron 3998 fallecidos por esta misma razón, un incremento del 33 % (UNODC, 2019a). Vale aclarar que, aunque la crisis de opioides (fentanyl) se ha concentrado hasta ahora en Norteamérica, el alto número de confiscaciones es hoy un motivo de preocupación también en Europa (UNODC, 2019/3). Y en África, por ejemplo, hay problemas con el consumo del tramadol no medicado, sustancia que no se encuentra bajo el control internacional (UNODC, 2019/3).

Por último , los esfuerzos realizados durante décadas para mantener la prohibición y el control policial sobre la oferta de drogas están siendo socavados por los mercados globales de drogas que operan en la darknet (‘red oscura’). El mercado de drogas en internet es un fenómeno que tiene apenas una década de existencia, aún con poco alcance debido a que, en gran medida, está todavía restringido al comercio minorista y al Norte global. Sin embargo, durante la pandemia del coronavirus este segmento de mercado está registrando fuertes incrementos.

Teniendo en cuenta tales desarrollos, los enfoques políticos de salud, prevención y terapia ganan mayor peso en los debates sobre políticas de drogas frente a la lucha contra la oferta (Lessmann, 2020). Al darle prioridad a la salud pública, se llega al punto neurálgico del tema. El debate se centra en el consumo no solamente porque busca ayudar a los afectados, sino también porque contribuye indirectamente a la reducción del mercado ilegal. Los consumidores duros y los adictos representan una demanda confiable, constante y, relativamente, inelástica al precio. Así, por ejemplo, en los Estados Unidos una cuarta parte de los consumidores de cocaína consumen dos tercios de la oferta estimada (UNODC, 2016).

La cocaína y la lucha contra la droga por el lado de la oferta

Durante los años setenta y ochenta, en los países industriales occidentales, especialmente en los Estados Unidos, se incrementó la demanda de determinadas sustancias controladas, sobre todo de marihuana, heroína y cocaína, como también de LSD (dietilamida de ácido lisérgico). Esto se vio reflejado en el fuerte aumento de las superficies cultivadas con materias primas de base vegetal de donde provienen estas sustancias y en el montaje de cadenas de procesamiento y comercialización ilegales. Ya en 1971, el presidente norteamericano Richard Nixon había “declarado la guerra” a las drogas. No obstante, solamente el presidente Ronald Reagan (1981-1989) tomó en serio la declaración de guerra. Con la modificación del acta Posse Commitatus en 1981 se logró establecer la base legal para hacer uso del Ejército en la lucha contra el comercio ilegal de drogas (Lessmann, 1996). Si bien la militarización se limitó inicialmente al control de las fronteras nacionales (border interdiction), a partir de mediados de los años 1980 se dio una externalización del control de las drogas por parte de los Estados Unidos (Lessmann, 1996). Dado que el “control de fronteras” no tuvo el éxito esperado, el lema, entonces, fue: “¡Vamos a la fuente!”. Mediante una serie de leyes antidrogas generadas entre 1986 y 1988 se impusieron sanciones a los llamados “países productores de drogas” —también a los países de tránsito más importantes—, que cada presidente podía suspender por un año (certificación, hoy: determinación) en el caso de que se trabajara de manera cooperativa en el control de las drogas. Se trató de una espada de Damocles peligrosa, mediante la cual Washington logró en lo sucesivo imponer su política en los países involucrados. Como la percepción del problema número uno de la droga estaba relacionado con la cocaína, fue principalmente en países productores suramericanos (Bolivia, Colombia y Perú) donde se dio una americanización y militarización del control de la droga (Lessmann, 1996; 2015). Dicha política estuvo ligada a intromisiones graves en la soberanía nacional: intromisión en los actos legislativos; creación , armamento y capacitación de unidades policiales especializadas; involucramiento de los militares en la lucha contra la droga; actividades del personal militar y de la policía de los Estados Unidos en el país anfitrión intervenido, aun en funciones directivas; secuestro de presuntos narcotraficantes para extraditarlos a Estados Unidos; intervenciones militares temporales en Bolivia (Operation Blast Furnace en 1986) y en Panamá (Operation Just Cause en 1989-1990).

Con la “estrategia Andina” (Lessmann, 1996) de enero de 1990, bajo el gobierno de George Bush sénior, se incrementó drásticamente la ayuda policial y militar a Bolivia, Colombia y Perú. Al mismo tiempo se amplió el presupuesto para las operaciones antidrogas del Comando Sur de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos en Panamá, de 230 pasó a 430 millones de dólares. Luego, estos tres países andinos fueron sometidos a un sistema altamente sofisticado de vigilancia por radar. Soldados élite de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos fueron involucrados en la guerra contra la droga, y los así llamados Tactical Analisis Teams (equipos de análisis táctico – hoy en día conocidos cómo Sección de Acción Narcóticos, NAS), compuestos de personal militar y del servicio de inteligencia, conducían las operaciones antinarcoticos desde las embajadas respectivas de los Estados Unidos (Lessmann, 1996). Estas intromisiones en la soberanía nacional de los países afectados provocaron protestas y controversias políticas internas.

Los resultados de más de treinta y cinco años de “guerra contra la droga” bajo la dirección de Washington en Latinoamérica son más que desencantador: la producción de coca que debiera haber sido eliminada, o al menos contenida, registró en 2017 su volumen más alto en la historia con 1976 toneladas10. El centro de los cultivos de coca (en 2017 eran 245 400 ha)11 se trasladó en los años noventa de Bolivia y Perú hacia Colombia y, entre tanto, retornaron de nuevo a esos países. Hoy en día Colombia tiene una participación del 70 % en el cultivo y la producción de coca. Y en ese sentido, la política de erradicación de cultivos - controlada desde el exterior - ha causado que en las zonas de cultivo se vulneren derechos humanos, exista inestabilidad política y ocurran muertes violentas.

Tabla 1. Cultivo de coca en hectáreas, recuento histórico 1986-2010

	1986	1990	1995	2000	2005	2010
Bolivia	25 800	50 300	48 600	14 600	25 400	30 900*
Colombia	24 400	40 100	50 900	163 300	86 000	57 000**
Perú	150 400	121 300	115 300	43 400	48 200	61 200
Total	200 440	211 700	214 800	221 300	159 600	149 100

Fuentes: Oficina de las Naciones Unidas para el Control de la Droga y la Prevención del Crimen [UNODCCP] (1999, pp. 41-42, tabla 9; 2002, pp. 54-55, tabla “coca”) (inclusive hasta 1990) y UNODC (2010, p. 64, tabla 6; 2011, p. 99, tabla 20) (desde 1995).

* Dato/cifra de 2009.

** Tomando en cuenta los predios más pequeños, serían 62 000 ha, por ende, el total en 2010 sería de 154 100 ha.

Nota: en estas cifras son estimaciones con base problemática de extractos de promedios para cinco años. Los detalles se discutirán más adelante, cuando se aborden con mayor precisión los ejemplos individuales.

Tabla 2. Cultivo de coca en hectáreas, en la actualidad.

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bolivia	27 200	25 300	23 000	20 400	20 200	23 100	24 500	23 100
Colombia	64 000	48 000	48 000	69 000	96 000	146 000	171 000	169 000
Perú	62 500	60 400	49 800	42 900	40 300	43 900	49 000
Total	155 600	133 700	120 800	132 300	156 500	213 000	245 000

Fuentes: UNODC (2016, Anexo V; 2020a, anexo estadístico 6.1.1. “Cultivo ilícito de la mata de coca”. Sobre Perú no hay aún cifras completas.

Tabla 3. Erradicación de coca en hectáreas.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bolivia	5484	6341	8200	10 506	11 044	11 407	11 144	11 020	6577	7237	11 174
Colombia (técnica manual)	96 003	60 565	43 804	35 201	30 456	22 121	11 703	13 473	17 642	52 001	59 978
Colombia (mediante aspersión)	133 496	104 772	101 940	103 302	100 549	47 052	55 532	37 199	0	0	0
Perú	10 143	10 025	12 033	10 290	14 171	23 785	31 205	35 868	30 150	23 025	26 1077
Fuente: UNODC (2020a, anexo estadístico 6.1.2. “Erradicación del arbusto de coca”).

Si bien surgieron las iniciativas norteamericanas para controlar la droga en Bolivia, Colombia y Perú, la producción de coca en los tres países cultivadores se incrementó fuertemente hasta el año 1990. Después de la derrota de los grandes carteles de droga de Medellín y Cali en la primera mitad de 1990, el negocio siguió en manos de docenas de pequeñas organizaciones, las cuales ya no disponían de una infraestructura similar a la de los grandes capos para comprar la materia prima vegetal al Perú y a Bolivia, que eran los países productores tradicionales . A partir de 1995, los Estados Unidos, mediante la Operación Airbridge (Lessmann, 2000), intentaron impedir el envío del producto intermedio (pasta base de cocaína —PBC—) desde el Perú hasta Colombia. Estos dos factores generaron un quiebre al cultivo de la coca en el Perú. Al mismo tiempo inició en Colombia un proceso de sustitución de importaciones. Aunque la campaña de fumigación aérea con veneno vegetal contra los campos sembrados de coca ya había iniciado en 1994, su cultivo se triplicó entre los años 1995 y 2000. La disminución de la superficie cultivada durante la última década se debió a una nueva expansión dramática de esta política en Colombia, mientras que en Perú y Bolivia se registraba un nuevo incremento. A esto se le conoce como “efecto balón”: ante una demanda persistente, el aumento de la presión en un lugar genera la expansión en otro lugar. En lo que respecta a Bolivia, la baja temporal del cultivo de coca en el año 2000 marcó el final de la erradicación forzada bajo protección de los militares, en el marco del Plan por la Dignidad dirigido por el entonces presidente Hugo Banzer.

La reubicación constante de los cultivos provocó considerables daños ecológicos directos e indirectos, tales como: la deforestación de los bosques tropicales y subtropicales, la erosión de los suelos y la intoxicación del suelo y el agua a causa de los químicos necesarios para el procesamiento de la cocaína12. Debido a que se trata de daños de larga duración o permanentes, un análisis más detallado nos muestra que no se trata simplemente de una reubicación, sino de una difusión del problema, y esto no se restringe al ámbito ecológico. Por ejemplo, cuando Colombia se encontraba en el punto álgido de la violencia de los carteles de la droga, hace alrededor de treinta años, en los años siguientes los centros de acción de las exportaciones de cocaína para el mercado norteamericano se trasladaron a México, donde el número de víctimas —desde el momento en que se involucraron los militares en la “guerra de la droga” en el 2006— probablemente hoy se acerque a las 300 000 personas13. Si bien fueron implementadas estas acciones para controlar la droga, hoy por hoy dos terceras partes del total de laboratorios de cocaína son descubiertos y destruidos en Colombia, y el 89 % de la cocaína incautada en los Estados Unidos es de origen colombiano (U.S. Dept. of State INL, 2020).

Después de casi cuatro décadas de lucha contra la droga en estos países andinos, basada en atacar el cultivo de coca y la producción de cocaína, no ha disminuido ninguna de estas dos actividades ni la violencia relacionada con estas. Todo lo contrario. Las experiencias en combatir la oferta de heroína (amapola, opio) subrayan lo mismo: también su producción llegó al registro más alto, y después de casi dos décadas de luchar contra las drogas en Afganistán, allí se sigue produciendo el 80 % global de la amapola (UNODC, 2019a).

Hay que anotar también que los resultados de proyectos de Desarrollo Alternativo han mostrado que los cultivadores de coca suelen estar preparados para asumir incluso pérdidas en los ingresos si, a cambio, su calidad de vida mejora y, ante todo, sienten sus vidas seguras (Dietz et ál., 2001; UNODC, 2015). No obstante, aun cuando la totalidad de las estrategias han sido consideradas como una “aproximación balanceada” —en el sentido de una mezcla equilibrada de represión, prevención, terapia y desarrollo alternativo—, las medidas policiales y militares ocuparon el primer plano, pues en la mayoría de los casos el desarrollo alternativo fue tan solo accesorio, convirtiendo así al grupo destinatorio en oponente de los proyectos. A menudo los campesinos experimentaron el control de las drogas, principalmente, como un ataque frontal a sus medios de vida, cuando de lo que debería tratarse es de ganar la confianza y la cooperación de estos grupos.

El proyecto de desarrollo Thai-German Highland, al contrario, es un ejemplo sostenible y positivo. Con mucha perseverancia (durante aproximadamente dieciocho años; de abril de 1981 a diciembre de 1998), mediante este proyecto de enfoque participativo se logró reducir el cultivo del opio en el área del proyecto tailandés; de 9000 ha pasaron a ser 1000, y desde entonces fluctúa entre 400 y 900 ha (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit [GIZ], 2019).

En este sentido, también iba por buen camino el proyecto de desarrollo regional para la reducción de la coca UNFDAC/UNDCP-AD/COL/85/ 426 en el departamento del Cauca y en el norte de Nariño, Colombia, el cual tuve la oportunidad de visitar a finales de 1990. Desde el inicio del proyecto en 1985 hasta esa fecha, se logró reducir el 40 % del área cultivada con coca. Aunque la prohibición del cultivo de coca se había estipulado en el artículo 32 del Estatuto Nacional de Estupefacientes de 1986, no se exigió ninguna erradicación forzosa previa. El proyecto tuvo un enfoque amplio de desarrollo rural integrado con alta participación y aportes personales de los campesinos, incluyendo la aplicación de formas tradicionales andinas de trabajo colectivo, como la minga inca. Los partidos en conflicto se habían retirado de la zona en el marco de un acuerdo de caballeros o se mantuvieron al margen, inclusive las fuerzas de seguridad estatales. El proyecto finalizó en 1996. Lamentablemente solo se financiaron 3.1 millones de dólares de los 11.1 que habían sido presupuestados (Lessmann, 1996).

“Coca sí, cocaína no”: cambio de paradigma en Bolivia

La zona cocalera del trópico de Cochabamba (conocida popularmente como el Chapare) en Bolivia, que durante dos décadas estuvo plagada de conflictos en torno a la erradicación de la coca, ha tenido un desarrollo notable. Estos conflictos lograron su clímax con el Plan Dignidad durante la segunda presidencia del exdictador Hugo Banzer (1997-2000). Mediante la erradicación forzosa bajo protección militar se logró una reducción considerable de los cultivos de coca, aun cuando no se llegó a “coca cero”, como se afirmó y celebró en febrero de 2001, en la base de la policía paramilitar antidrogas en el municipio de Chimoré14. De todos modos, esta reducción no fue sostenible y, además, se consiguió luchando contra las protestas violentas de los campesinos. Los enfrentamientos provocaron violaciones de los derechos humanos y numerosas muertes. Entre 1997 y 2003 fueron asesinados 57 cultivadores de coca y más de 500 fueron heridos gravemente. El líder de los productores de coca, Evo Morales, saltó a la luz pública como “defensor de la soberanía nacional” y como núcleo de cristalización de los descontentos del país. En diciembre de 2005 fue elegido como presidente de la república15.

Después de que el presidente Morales asumió el cargo en enero de 2006 la política boliviana de coca y drogas cambió. La nueva constitución de enero de 2009 protege en su artículo 384 la hoja de coca, como herencia natural y cultural andina. En marzo del mismo año, Bolivia solicitó la eliminación de dos subpárrafos de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas (49/1c y 2e), que prohibían la masticación de la coca y su cultivo. Ante su fracaso, en un hecho único sin precedentes, Bolivia se retiró de la convención en julio de 2011, para reincorporarse de nuevo el primero de febrero de 2013, bajo reserva frente a estos dos subpárrafos (Lessmann, 2017).

A nivel político interno, en el Chapare la nueva política de la coca pasó a llamarse “racionalización” mediante “control social”16. Su eslogan pegadizo “Coca sí, cocaína no” se implementó con una política consistente en interdicción; las incautaciones de PBC y HCL se duplicaron.

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Tabla 4. Incautaciones en Bolivia: PBC/ HCL en toneladas

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
12.9	8.7	11.5	14.0	17.8	28.8	26.8

Fuente: Viceministerio de Defensa Social, La Paz, Bolivia.

La expresión Coca sí procede de la percepción de que el uso de las hojas de coca en estado natural es legítimo y de que Bolivia está quizás en capacidad de frenar la producción de coca, pero no de erradicarla totalmente, como lo exige la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, aunque la Convención de las Naciones Unidas de Viena, realizada en 1988, permite el cultivo y el consumo de hojas de coca en los lugares donde esta práctica se puede confirmar históricamente. Con su enfoque participativo y el respeto por los derechos humanos, esta senda boliviana representa el primer concepto sobre reducción del daño desde la oferta. El entonces viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, lo expresaba así: “Hemos decidido dejar atrás la ametralladora, las balas y las bombas. Elegimos involucrar a las comunidades productoras de coca en los debates y análisis que guiaron nuestras políticas” (entrevista personal durante una visita al Chapare en 2015 vease anotación 17). Esta política significa que cada miembro del sindicato puede tener un cato de coca, unidad de medida andina que equivale aproximadamente a 1600 metros cuadrados. Su objetivo es garantizar, mediante el control social, que cada quien se restringe a cultivar un cato. Con este fin, desde 2009 opera el Programa de Apoyo a la Conservación Sostenible de la Biodiversidad (PACS) apoyado por la Unión Europea, cuyos principios rectores son: participación democrática y derecho comunitario sobre derecho individual. Adicional a esto, en los mismos sindicatos se establecieron secretarios capacitados para el control de la coca.

Un factor importante para el éxito del control social fue la fuerte lealtad al entonces presidente Evo Morales en el Chapare. Conforme a su estructura jerárquica, desde el presidente, pasando por el viceministro Felipe Cáceres, hacia abajo, el programa fue liderado por campesinos cocaleros17.

En el conjunto de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba hay 45 000 miembros del sindicato, es decir, 45 000 catos —que en su totalidad suman algo más de 7000 ha—. Los resultados del monitoreo son compartidos con las comunidades de los pueblos (sindicatos), quienes los discuten y verifican en el terreno. Las inspecciones se realizan con la participación de representantes de los sindicatos de las vecindades, lo cual genera una presión mutua. Quienes sobrepasan los límites son criticados en la emisora de radio de las federaciones; “una bofetada pública”, como dicen los campesinos. El incumplimiento también puede acarrear desventajas materiales para las comunidades de los pueblos, por ejemplo, menor apoyo estatal para proyectos públicos, como la construcción de escuelas o la reparación de carreteras, etc.

Existe un mecanismo adicional de control con la Unidad de Desarrollo Económico y Social del Trópico de Cochabamba (UDESTRO) y con la de Yungas —su acrónimo es UDESY—, que consiste en la visita de personal (limitado) a las fincas aproximadamente cada dos años, en la que se puede ordenar la erradicación de toda la coca de una familia si se excede el límite de un cato. Además, se les prohíbe una nueva plantación durante un año, hecho que priva a esa familia de esa fuente de ingresos durante al menos dos o tres años. Las infracciones repetidas pueden derivar en una prohibición de por vida del cultivo de coca; hasta julio de 2014, esto sucedió en 800 casos.

El registro histórico más alto de cultivo de coca en Bolivia fue de 50 300 ha en 1990. Sin embargo, en 2005, ya se había destruido una cantidad dos veces y media mayor que esa18, lo opuesto a la sostenibilidad. Si suponemos que las familias campesinas se trasladan al interior para volver a cultivar y que, además del equivalente en coca, también necesitan tierras para productos de subsistencia como el arroz seco, el banano, entre otros, como también para la construcción de sus casas y vías de acceso, concluimos que, hasta ese entonces, la destrucción no sostenible de la coca solamente en el Chapare habría costado de 200 000 a 400 000 ha de selva subtropical (Lessmann, 2010).

Desde el momento en que el entonces presidente Morales asumió el cargo, se negoció el 88 % de la erradicación. La erradicación forzosa continúa ocurriendo fuera de las zonas definidas para el cultivo de coca, por ejemplo, en los parques nacionales. Los incentivos positivos incluyen mejores instalaciones educativas y de salud, carreteras, como también la producción y comercialización diversificada de productos agrícolas19.

Cualquiera que sea sorprendido produciendo PBC, pierde su cato. Sin embargo, cuando en los años 2013 y 2014 imperaron serios problemas de financiamiento, las comunidades continuaron de todas formas con el programa, lo cual es una señal del sentido de propiedad que disfruta el programa de control social. Durante una visita, el jefe de la policía antidroga de la Unidad Móvil de Patrullaje Rual (Umopar) / Leopardos, René Salazar Ballesteros, me dijo: “Anteriormente los campesinos avisaban a los narcotraficantes cuando nos acercábamos. Hoy vienen a nosotros y avisan cuando se hace pasta base en algún lugar” (vease anotación 17). En Bolivia sigue habiendo cultivos ilegales —especialmente en zonas como reservas naturales, donde el control social no funciona— y también producción de cocaína. Pero, sobre todo, Bolivia tiene un problema de tránsito. Alrededor del 50 % de la pasta de coca y de la cocaína incautada proviene de Perú y se destina para enviarla a Brasil o Argentina y, en última instancia, parcialmente a Europa20. Para contrarrestar esto, existen cooperaciones de pesquisas regionales con los países vecinos.

En los primeros años del mandato presidencial de Evo Morales aumentó la superficie sembrada con cultivos ilícitos, y a partir de 2010 hubo una reducción significativa y estabilización del cultivo de coca. El presidente había ampliado, inicialmente por decreto, el área de cultivo permitida a nivel nacional; de 12 000 a 20 000 ha (con 25 000 ha, de facto, existentes); la nueva Ley General de la Coca de marzo de 2017 permite ahora 22 000 ha21. Desde hace quince años la reducción de la coca en Bolivia ha sido pacífica y consensuada, lo que representa una victoria grande para el país. Claro está que, para lograr este resultado, desde 2006 se han “racionalizado” más de 100 000 ha, vale decir, destruido. Por consiguiente, sigue existiendo un problema de sostenibilidad. La dinámica del mercado se separa aquí también de la política. Es difícil luchar contra un mercado dinámico y con poder adquisitivo persistente.

Sin embargo, en el marco de las posibilidades bolivianas, el cultivo de coca y la producción de cocaína se encuentran bajo control. El enfoque de “Coca sí, cocaína no”, en adelante guiado por problemas e intereses nacionales, ha logrado eliminar la notoria violencia y los estallidos sociales y políticos que imperaron durante más de veinticinco años. El alejamiento de políticas dirigidas desde el exterior también significó que el control de la coca en las relaciones exteriores pasara de ser el tema más importante —o el único— a ser uno entre muchos otros.

La erradicación de la coca y la paz en Colombia: ¿cien años de soledad?

Colombia ha realizado grandes esfuerzos en su lucha contra la droga y ha pagado un alto precio por ello. Durante décadas Colombia se ha anotado la mayor cantidad de incautaciones, de laboratorios destruidos, de arrestos, entre otros importantes indicadores. Si bien Colombia logró en la primera mitad de 1990 la disolución de los dos carteles de la droga más poderosos del país (el de Medellín y el de Cali) —también con ayuda de la política de pacificación del Gobierno Gaviria—, la dinámica del mercado persistió. Organizaciones criminales más pequeñas continuaron con este negocio y los grupos armados ilegales se involucraron cada vez más, su financiación así fue creciendo. En la segunda mitad de la década de 1990, aun cuando Colombia no tenía una tradición fuerte en el cultivo de coca —exceptuando los territorios indígenas—, emprendió un proceso de sustitución de importaciones hasta convertirse en el mayor productor de hoja de coca. Se desarrollaron variedades y métodos de cultivo de mayor rendimiento, y asimismo métodos más eficaces de procesamiento. Hoy en día, tanto en Perú como en Bolivia, los rendimientos de la extracción de PBC a partir de las hojas de coca se incrementan con el método colombiano. A partir del año 2008, el expresidente César Gaviria (1990-1994) —como cofundador de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia junto con los expresidentes Fernando Enrique Cardoso (Brasil) y Ernesto Zedillo (México)—, se convirtió en uno de los proponentes más destacados de las reformas de la política contra las drogas, tal como él me lo expresó en una entrevista: “La guerra contra las drogas ha fracasado” (Lessmann, 2016).

Las campañas para la reducción del cultivo de coca tienen ya en Colombia más de veinticinco años. Las fumigaciones de los campos con cultivos de coca empleando sustancias venenosas comenzaron en 1994. Sin embargo, después de que Washington le revocó a Colombia dos veces la certificación de buen comportamiento en política de drogas (en 1996 y 1997), el entonces presidente Ernesto Samper aceptó una expansión significativa de los controvertidos programas de fumigación. Sín embargo, es cierto que las fumigaciónes no podían frenar al mencionado proceso de sustitución de importaciones, es decir no podían detener la producción de coca: aunque al inicio de las fumigaciones en 1994 había 44 700 ha de coca en Colombia, en el año 2000 ya eran 163 300. Y, mientras que en 1994 el cultivo de coca se limitaba a seis provincias, en el cambio de siglo había cultivos de coca en 23 de los 33 departamentos (Lessmann, 2010).

Años después, en el marco de la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez (Plan Colombia) y cada vez más con la protección de los militares, las fumigaciones nuevamente fueron expandidas, solo que complementadas con una campaña de erradicación manual (también bajo protección militar). La política de drogas con la premisa de seguridad democrática partió del convencimiento de que los ingresos provenientes de las drogas constituían el pilar principal de los grupos armados, motivo por el cual este Gobierno quería retirárselos. El cultivo de coca se redujo a la mitad entre los años 2000 y 2004 mediante una agresiva campaña de fumigación que se centró en los dos bastiones guerrilleros de las FARC-EP (Caquetá y Putumayo). En Caquetá, la superficie cultivada con coca se redujo de 26 000 ha (en el 2000) a 6500 (en el 2004); en Putumayo, de 66 000 ha (en el 2000) a 4386 (en el 2004) (UNODC, 2009, p. 13, cuadro 3). Es decir, la reducción de 80 000 ha a nivel nacional se logró casi que exclusivamente en Caquetá y Putumayo, departamentos donde el cultivo aumentó con más fuerza en los años siguientes.

El efecto balón ya mencionado también ocurrió en Colombia. Veamos los detalles del exitoso año 2008, discriminados por departamentos: las reducciones más importantes se registraron en Cundinamarca (-91 %), Arauca (-79 %), Meta (-47 %), Vichada (-56 %), mientras que los incrementos se dieron en Caldas (234 %), Valle de Cauca (361 %), Chocó (159 %) y Boyacá (149 %). En términos generales, se pudo reducir la superficie cultivada con coca en un 18 % en ese momento (UNODC, 2009, p. 13, cuadro 3).

En suma, esta política puede denominarse como un desastre de sostenibilidad. Desde 1994, cuando Washington instó mediante acusaciones de corrupción al presidente Samper a dar su consentimiento al programa de fumigación, se han “destruido” alrededor de 2.5 millones de hectáreas de coca en Colombia22, aproximadamente 15 veces más que el máximo histórico de las superficies cultivadas (171 000 ha en 2017). Hasta 2013, cada año se “destruía” más de lo que realmente existía (cfr. las tablas 1 y 2 con la 3 de este documento); lo opuesto a una estrategia racional y sostenible. Esto ha convertido el cultivo de coca en un asunto extremadamente volátil; no ha desaparecido ni se ha reducido significativamente23.

Con la particularmente controvertida fumigación aérea de los campos de coca con veneno vegetal, se provocó más bien una expulsión de campesinos hacia distintos lugares del país (Lessmann, 2010)24. De los 49.6 millones de personas en Colombia, casi 8 millones están desplazadas, principalmente, a causa del conflicto armado interno, hecho que convierte a Colombia en el país con más desplazados internos por delante de Siria (ACNUR, 2019). A ello se suman alrededor de 2 millones de desplazados desde Venezuela. En efecto, la política de erradicación de la coca sin un enfoque basado en la sostenibilidad ha incidido en este problema de la movilidad involuntaria25.

Existen numerosos informes y estudios acerca de los efectos nocivos sobre la salud y el medioambiente de la fumigación con glifosato y otros aditivos, y, así mismo, quejas sobre su focalización deficiente. También se fumigaron por accidente campos con cultivos legítimos e, incluso, proyectos de desarrollo alternativo. Y como se conocen reportes sobre las contramedidas empleadas por los campesinos, se excedió la concentración recomendada de glifosato y se agregaron químicos más agresivos. Vargas (1999) asume que apenas menos de un tercio de los campos fumigados habría sido realmente destruido. Sin embargo, aunque solo se sume la información sobre erradicación manual (tabla 3) entre 2008 y 2018, se obtienen 442 947 ha, lo que equivale a dos veces y media el máximo histórico de cultivo (171 000 ha).

La estrategia de erradicación forzosa de la coca es insostenible y, por tanto, inútil para el control de las drogas. Además, generó problemas ecológicos e intensificó la inseguridad, hecho que ha puesto en riesgo la vida en las regiones afectadas. Por todo esto, es válido preguntarse por qué, a pesar de los desastrosos resultados, uno se aferra a esta estrategia e, incluso, quiere volver a la política de las fumigaciones.

La coca y el proceso de paz

Conforme al Acuerdo Final de 2016, la reducción de la coca debería ir acompañada de medidas de desarrollo alternativo, como nunca antes. Las familias afectadas recibirían un sustento estatal durante un año (340 dólares/mes)26, y para ello tendrían que arrancar ellos mismos su coca, dentro de un plazo de sesenta días. Luego, el Estado ayudaría con asistencia financiera y técnica en el proceso de conversión a cultivos alternativos, así como con proyectos de infraestructura, cuya implementación la aseguraría la presencia institucional. La oferta de una solución consensuada en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

De esta forma, durante el primer año se deberían reducir por consenso 100 000 ha de coca. Muchos expertos consideraron que este programa era el más prometedor que había tenido Colombia hasta la fecha, aunque fuera demasiado ambicioso, pues el plazo sería muy corto, sobre todo porque establecer una presencia institucional y confiar en la cooperación de los campesinos en las zonas de conflicto sería una tarea ingente.

Estos planes extremadamente ambiciosos, en especial sus plazos ajustados, se justificaron en aquel momento con el argumento de que se quería evitar la aparición de vacíos de poder. No obstante, cuatro años después, los informes actuales de campo confirman el escepticismo inicial. No ha sido posible llenar los vacíos de poder que han surgido ni establecer una presencia institucional, y mucho menos generar confianza. En muchos casos, las zonas abandonadas por las FARC fueron ocupadas o disputadas por bandas criminales (Bacrim), narcotraficantes, disidentes de las FARC o del ELN y por grupos neoparamilitares. En medio de este clima de violencia, las organizaciones locales se debilitaron aún más. Las comunidades sufren las erradicaciones forzosas, las cuales son contrarias a los consensos alcanzados en el marco del Acuerdo Final (Vargas, 2020)27. Según cifras de la ONG Fundación Ideas para la Paz (FIP), en el primer trimestre de 2020 se realizaron operaciones de erradicación forzosa en la gran mayoría de los 46 municipios participantes del PNIS. Los grupos afectados a menudo resisten porque ven las erradicaciones forzosas como una violación del Acuerdo Final, pues se han presentado violaciones a derechos humanos, uso excesivo de la fuerza, muertes28 y detenciones de agricultores por parte de fuerzas especiales, de las cuales se sospecha que son disidentes de las FARC. Este tipo de operaciones suceden frecuentemente en áreas remotas donde no hay presencia estatal, por ende, no están supervisadas por el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo, como lo dispone el capítulo VII de la Ley 30 de 1986, Ley de Drogas, (Arenas y Vargas, 2020).

Grupos criminales y disidencias de las FARC buscan lograr el control sobre las rentas lucrativas y los mercados de la pasta base. En este intento aparecen también alianzas entre delincuentes y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. En definitiva, las acciones militares de erradicación y las ofertas de alternativas no coexisten: “De cualquier manera, es notoria la descoordinación institucional” (Vargas, 2020a). Según este autor, el comando militar en el Cauca, por ejemplo, considera el Acuerdo Final (“del gobierno anterior”) un impedimento para la erradicación; y esta “un deber constitucional”29. De la misma forma se condena el cultivo en áreas de protección indígena, amparado por la Constitución. No fue sino hasta junio de 2020, cuatro años después de la firma del Acuerdo Final, que comenzaron las negociaciones con los productores en las áreas protegidas (Arenas y Vargas, 2020). “Todo el contenido, implicaciones, compromisos del problema de los cultivos de uso ilícito, en el marco del Acuerdo para el fin del conflicto, es desconocido” (Vargas, 2020a).

Bajo estas circunstancias, el Gobierno aspira a reintroducir la fumigación de los cultivos de coca con toxinas vegetales desde el avión, que fue suspendida en 2015. Así, se espera que en 2023 el cultivo de coca en Colombia se reduzca a la mitad, la misma meta como en 1999 al inicio del Plan Colombia. En 2018, había 169 000 ha de coca, con las que, según Vargas (2020a), se sostenían económicamente alrededor de 230 000 familias, entre indígenas, afrocolombianas y campesinas. La meta de erradicación para 2020 es de 130 000 ha, considerablemente más de las 80 000 ha que se habían fijado para 2019, de las cuales se alcanzó una reducción real de 15 000 ha30. Los patrones de erradicación y producción discutidos páginas atrás parecen continuar de forma ininterrumpida. Las reducciones en Caquetá, Antioquia, Nariño y Bolívar se mantienen frente a incrementos actuales en Norte de Santander y Valle del Cauca (UNODC Informe de Monitoreo 2020). Todo esto evidencia paralelos con lo ya descrito respecto al año 2008. Nada sugiere que los objetivos sean hoy más realistas y que los resultados sean más sostenibles que hace diez o veinte años. Más bien, es de esperar que la renovada ofensiva de erradicación tampoco sea sostenible esta vez, y existe el riesgo de que aumente la inseguridad en las zonas rurales afectadas.

Conclusiones

La lucha internacional contra las drogas se encuentra en una encrucijada. Durante décadas no ha traído el éxito deseado. Los problemas van en aumento. Un número creciente de Estados con algunos aspectos de su política de drogas está saliendo de las determinaciones de las Convenciones de las Naciones Unidas (Lessmann, 2017). La Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) dedicada al tema de las drogas, que tuvo lugar del 19 al 21 de abril de 2016, se ocupó de indagar sobre las reformas necesarias. En esta sesión, los impulsores latinoamericanos propusieron “analizar todas las opciones, incluidos los mecanismos regulatorios o de mercado, con el fin de establecer un nuevo paradigma que impida el flujo de recursos a los grupos del crimen organizado” (Declaración Conjunta, 2012). Aun cuando los impulsores no pudieron imponer sus pretensiones, la declaración final de la UNGASS y los documentos posteriores establecen un enfoque nuevo y mucho más centrado en los conceptos de las políticas de salud pública (prevención y terapia), así como en el respeto a los derechos humanos. Desde la perspectiva de las Naciones Unidas, la política internacional de drogas está ahora integrada al contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Durante los preparativos de la UNGASS 2016 se convocó a la Organización Mundial de Salud (OMS) y, además, por primera vez, a otras suborganizaciones de la ONU, como el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (UNAIDS) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Cabe anotar el retiro explícito de la organización de la ONU al uso del término “Guerra contra las Drogas”, determinante en el tema31. No obstante, la declaración final otorga sobre todo un margen de interpretación más amplio a lo expuesto en las convenciones, reconociendo así que no existe el problema de las drogas, sino una multitud de problemas diversos en diferentes regiones y países, así como distintos requisitos para abordarlos32.

Este margen de acción ampliado se puede utilizar para desarrollar políticas de drogas que estén orientadas hacia los problemas e intereses propios de los países afectados. Colombia no puede ni tiene que resolver los problemas complejos de las drogas del mundo. Cuando se aborda la dimensión del tema de la salud a nivel global, estas se relacionan con otras sustancias que no se producen en el país. En lo que respecta a la cocaína, Colombia puede ayudarse a sí misma y al mundo mediante una lucha consecuente contra las organizaciones criminales, las cuales representan una amenaza para el Estado de derecho y la democracia. En este tema, debería concentrarse en el propósito de su existencia: las rentas (palabra clave: el lavado de dinero).

En resumen, se puede decir que la lucha contra el cultivo de las denominadas “plantas de las drogas” ha demostrado ser ineficaz como política contra drogas, porque los resultados no son sostenibles en la dinámica propia del mercado. Los resultados sostenibles de un control y cierta contención de su cultivo solo se pueden lograr de manera conjunta con los productores rurales, no contra ellos, y para esto se requieren estrategias participativas a largo plazo. Es incorrecto considerar a los productores como parte de las redes criminales del narcotráfico. Aunque existan actores individuales, no se puede generalizar. Un requisito previo para una cooperación exitosa es establecer la confianza en el Estado y crear instituciones locales con capacidad para trabajar. Con medidas coercitivas militares o, incluso, con el retorno a una política de fumigaciones aéreas se logra lo contrario.

Si no es la intención o no es posible seguir el camino boliviano de cambiar la ley, porque con ello hay que atenerse a una fuerte resistencia por parte de la comunidad internacional, valdría la pena considerar la idea de que la pandemia del coronavirus ofrece actualmente una oportunidad para una moratoria de erradicación basada en consideraciones epidemiológicas, y también para un reinicio, en el sentido de un retorno a una implementación consistente de las disposiciones relevantes del Acuerdo Final y a la aplicación tanto del Estado de derecho como de los mecanismos de control de los derechos humanos estipulados en la Ley 30 de 1986.

Este documento de trabajo ha sido elaborado para el Instituto CAPAZ: www.instituto-capaz.org

Traducción por CAPAZ

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